Los estados son responsables de sus ciudadanos, y los actores externos deben respetar este mandato, deber y cargo de liderazgo. Durante una emergencia, el gobierno suele asumir este deber con rapidez y suele demostrarse con claridad en las políticas nacionales para la gestión de desastres. La capacidad de respuesta del gobierno depende, en parte, de la riqueza del estado. Los países de medianos ingresos son capaces de implementar de manera continua más recursos y con una mayor capacidad institucional. Los actores internacionales no estatales, como la ONU, ONGI, la Cruz Roja o Media Luna Roja, proporcionan un apoyo importante para complementar la capacidad de los países de bajos recursos y, en menor medida, de los países de medianos ingresos. Sin embargo, en los conflictos armados que involucran al gobierno, las poblaciones que se encuentran en zonas que no están controladas por el gobierno no suelen recibir asistencia estatal, por lo que la comunidad internacional se moviliza para brindar la ayuda necesaria. Cuando a raíz de los conflictos una gran cantidad de refugiados busca asilo en otros países, aunque el gobierno forme parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, es posible que se supere la capacidad de respuesta del gobierno. En este caso, la comunidad internacional suele implementar los recursos necesarios y las agencias suelen tener un rol importante en la prestación de servicios.
Cualquiera que sea el balance entre la capacidad nacional y el apoyo internacional que se ponga en práctica en respuesta a la crisis, todas las partes deben respetar y observar el entorno normativo, que incluye la política nacional relevante, los estándares que sostienen los ministerios y las regulaciones del gobierno local. Es probable que los actores externos no conozcan las regulaciones municipales o locales, pero esto debe entenderse. Por último, las regulaciones como los impuestos establecidos para las tarifas por el agua suelen suspenderse cuando se proporciona agua gratis durante el periodo de emergencia. Por lo tanto, es importante que todos los actores que proporcionen agua a una localidad comprendan las regulaciones sobre los impuestos y acuerden con el gobierno local y los servicios públicos cuándo se volverán a establecer las tarifas del agua. En este caso, la reanudación de los impuestos por el agua no debe generar que las familias dependan de mecanismos negativos de adaptación para cubrir las necesidades básicas de abastecimiento de agua.
Los gobiernos nacionales pueden encontrar objetivos de desarrollo generales a los que pueden aspirar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés), objetivo 6.1 de “Agua potable segura y asequible para todos en 2030”.
Si bien los SDG son objetivos generales para el desarrollo normativo, primero, deben solucionarse las dificultades debido a las emergencias. Después, el país debe recuperarse para alcanzar esos objetivos. Para brindar asistencia en estos casos, los servicios de emergencia deben tener en cuenta el objetivo 6.1 durante la fase de emergencia y tratar de contribuir con esto durante la fase de recuperación y de desarrollo a largo plazo. Es posible que las regulaciones y los estándares se interpreten y se apliquen de distintas maneras para los refugiados, aunque los SDG se esfuerzan para no dejar a nadie de lado.
Los estándares nacionales sobre el agua, ya sea que se desarrollen en el sector del ministerio o como parte de los planes nacionales para la gestión de desastres, no siempre se adaptan a las situaciones de crisis. Esto significa que en algunas ocasiones no es apropiado ni viable proporcionar estándares no adaptados. Si las directrices nacionales ante emergencias no son específicas o no existen, el “Manual Esfera: Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria” se puede utilizar como guía (véase el capítulo Esfera en la sección de introducción de este compendio). Es posible que las partes interesadas del gobierno deban participar en deliberaciones acerca de la aplicación de estos estándares.
En situaciones de crisis de gran escala, suelen presentarse los mecanismos de coordinación adecuados y limitados en el tiempo. Cuando estas características forman parte del plan nacional para la gestión de desastres, es probable que los líderes gubernamentales sean más fuertes, y las agencias internacionales deben apoyar los mecanismos establecidos. El sistema de coordinación por grupos que se desarrolló a nivel internacional le brinda a UNICEF el liderazgo de sectores o grupos de WASH internacionales y, a veces, nacionales. En algunas ocasiones, esto se adopta como parte del plan de coordinación gubernamental o puede agruparse con otros mecanismos del gobierno, en los cuales debe apoyar los planes del gobierno para cumplir con sus obligaciones. Es posible que el mecanismo de coordinación para refugiados, liderado por ACNUR, mantenga distancia del gobierno nacional a fin de que su supervisión y protección permanezcan imparciales. En definitiva, la comunicación entre las dos partes es necesaria. Debido al enfoque en salvar vidas (en lugar del desarrollo) de los mecanismos generales de coordinación ante emergencias, estos suelen tener vínculos mal definidos con respecto a las plataformas de coordinación del sector de desarrollo normativo. Durante la fase de recuperación, es muy importante que el gobierno, las agencias de la ONU en los roles de coordinación principal y otras agencias unan sus esfuerzos de coordinación con la plataforma de coordinación del sector de desarrollo normativo. Esto también debe incluir la coordinación entre las organizaciones de ejecución a un nivel básico para garantizar la continuidad del servicio y la tecnología, y el mantenimiento y operación a largo plazo.
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